Noticias del Congreso

SECCIÓN 5

LOS DERECHOS HUMANOS Y SU EFECTIVA TUTELA ESTATAL

Ponente: D. Jorge R. Vanossi
Coordinador: D. Luis Martí Mingarro
Moderador: D. José Luis Cea Egaña


El Presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Jorge Reinaldo Vanossi (académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España), cree firmemente en la existencia de una “era constitucional”, con el triunfo del modelo del Estado Constitucional de Derecho como epicentro. El constitucionalismo, dejó sentado hoy “es el gran enunciado de las reglas del juego: establecer un régimen igualmente obligatorio para gobernantes y gobernados que produzca efecto vinculante no solo para el que está sujeto a la ley, sino también para el que sanciona la ley y aplica la ley”. Se trata, según sus palabras, de sustituir el gobierno caprichoso de los hombres por el gobierno razonable de las normas.

La ponencia de Vanossi abrió la última jornada del X Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica, en una mesa que ha sido coordinada por Luis Martí Mingarro, académico de número de la RAJYL, y moderada por José Luis Cea Egaña, presidente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. En ella, Vanossi señaló que el orden es el precio de la libertad; un orden basado en la razón, el consenso y la experiencia. Así, el Estado de Derecho depende fundamentalmente no solo de la predictibilidad de las normas, sino del Poder que tiene que asegurar en su aplicación esos rasgos distintivos y característicos de lo que se llama ‘seguridad jurídica’ como un componente imprescindible del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho sin seguridad jurídica y no perdura la seguridad jurídica si no existe Estado de Derecho.

Lo que se reclama, pues, de los jueces, sobre todo en nuestros países –insiste Vanossi-. es que pongan la mayor energía jurisdiccional dentro de su ámbito competencial. Es inadmisible –subraya- resignarse ante sentencias meramente ‘invitatorias’, con plazos que tampoco se cumplen. Al igual que tampoco se puede admitir que los jueces permanezcan indiferentes con respecto a la autoridad que se niega a ejecutar o dilate el cumplimiento de una decisión, tal y como ocurre, según señala, en Argentina, con casos paradigmáticos de inoperancia en la ejecución.

Nadie pretende convertir a los jueces en un führer, explica el Presidente de la Academia Nacional argentina. No se piden jueces invasores ni sustituyentes de los otros poderes. De lo que se trata –añade- es de que, con su capacidad pretoriana de creación de la norma individual, amplíen y potencien la garantía protectora de un procedimiento idóneo y eficaz. Y puesto que, citando a Ihering, la función del Derecho es la de realizarse, depende en gran medida de la organización judicial: del Poder Judicial, de la justicia a todos sus niveles y en todos sus términos.

Sostiene Vanossi, en este sentido, que el Derecho Constitucional argentino está maduro. Ha acreditado su legitimidad, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Es por ello que aboga por acudir a él, como Derecho Público autóctono, puesto que está en condiciones de apoyarse en los elementos nacidos y desarrollados a través de la vida constitucional argentina desde 1853 hasta hoy. Solo cuando no existan elementos vernáculos debería citarse a otros sistemas o instituciones, porque, recuerda el jurista, “pese a la era constitucional”, “no todas las instituciones son trasplantables”. Siempre va a existir –piensa- el choque de dos culturas, la institucional, con la separación de poderes como triunfo del sistema, y la contracultura mesiánica, esto es, los sistemas autocráticos de presunta inspiración divina o ideológica.

La cooperación internacional, única arma frente al narcoestado

Vanossi alude en este orden de cosas al “narcoestado”. “Prácticamente instalado en nuestro continente”, se lamenta. “Es fundamental que en cada uno de los Estados el poder público recupere el monopolio de la fuerza. No pueden existir fuerzas irregulares, ejércitos paralelos, asociaciones ilícitas con vínculos internacionales... La única manera de desarmarlo, es la cooperación internacional”. Igual que tampoco la lucha contra el narcotráfico –asegura- “se puede hacer aisladamente por un solo Estado, porque es un fenómeno universal”.

A esta ponencia se presentaron veinticinco comunicaciones, cuyos títulos y autores adjuntamos a continuación:

Sobre la inviolabilidad del “Domicilio Constitucional”, de Agustín Luna Serra (Cataluña-España)

Los Derechos Humanos y su efectiva tutela estatal, de Raúl Altamira Gigena (Córdoba-Argentina)

La articulación entre los Sistemas nacionales e interamericano de protección de los Derechos Humanos: El Principio de Subsidiariedad, de Alfonso Santiago (Buenos Aires-Argentina)

La Universalidad de los Derechos Humanos a los setenta años de la Declaración Universal, de Antonio Blanc Altamir (Aragón-España)

¿Puede el Estado garantizar la tutela efectiva de los Derechos Humanos?, de José Luis Cea Egaña (Chile)

¿Un precedente histórico del reconocimiento universal de los Derechos Humanos? La carta de autoridad y confirmación del Rey de Aragón, Sancho Ramírez, otorgada en 1063, de Rosa María Bandrés y Sánchez-Cruzat (España)

Los Derechos Humanos como condición de validez de los tributos, de Humberto Romero Muci (Venezuela)

El acceso al agua limpia y potable como Derecho Humano primario y sine qua non: breve mirada sobre la evolución de su reconocimiento en el Derecho Internacional, de José Antonio Tomás Ortiz de la Torre (España)
Derechos Humanos sin constitución. Una paradoja del Tribunal Constitucional de Bolivia, de Rafael Vergara Sandoval (Bolivia)

Acceso democrático a la Jurisdicción Constitucional, de Ernesto Jinesta Lobo (Costa Rica)

Las nuevas tecnologías y su repercusión en los Derechos Humanos, de José Antonio Soler Martínez (España)

Derechos Humanos en Europa, Juan Antonio Toro Peña (España)

Un elemento arcaico del Derecho de Familia. La congnatio, de Ángel Sánchez de la Torre (España)

Enseñanza superior y religión en el Ordenamiento Jurídico español hasta la Constitución de 1978, de Daniel María Tirapu Martínez (España)

La constitucionalidad de la educación diferenciada y de su financiación con fondos públicos, de Luis Sánchez Socías (España)

La Declaración Universal de los Derechos Humanos como consenso jurídico imperativo (convergencia) internacional y límite de los ordenamientos jurídicos de las naciones, de Francisco La Moneda Díaz (Extremadura-España)

Identidad de los menores y reclamación de paternidad extramatrimonial, de Carlos Lasarte Álvarez (España)

La protección de los Derechos Humanos por el Estado, de Eduardo Gago Fernández Rubalcaba (España)

Los Derechos Humanos y su efectiva tutela estatal en el ámbito del Derecho Penitenciario español. Especial referencia a los permisos ordinarios y extraordinarios de salida, de Josefina García Cervigón (España)

Sobre los defensores de los Derechos Humanos, de María Bernal Sanz (España)

Arbitraje internacional por Empresas: prevención ante vulneraciones de los Derechos Humanos, de Nazareth Romero Sánchez Miguel (España)

Derechos Humanos y Solidaridad Humana, de Patricia Santos Rodríguez (España)

El victimismo nacionalista como fenómeno político, de Pedro Francisco Gago Guerrero (España)

Actuación del letrado de la Administración de Justicia y garantías constitucionales, de Oscar Daniel Ludeña Benitez (España)

Derecho a la protección de un medio saludable y sostenible, Juan Manuel Mejíca García (España)

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